Expertos advierten que, bajo la redacción del Decreto 1589, acciones civiles cotidianas —como una manifestación docente por mejoras de infraestructura— podrían ser tipificadas como extorsión, disturbio o entorpecimiento de servicios públicos.

Diversos colectivos sociales y defensores de derechos humanos cuestionan la constitucionalidad y exigen la derogación del Decreto Legislativo 1589, calificándolo como una medida que criminaliza la protesta social en Perú. La norma, promulgada en 2023 bajo la gestión de la presidenta Dina Boluarte, establece penas de hasta 15 años de cárcel para delitos vinculados a movilizaciones.

Según los especialistas, esta normativa representa un grave retroceso en el reconocimiento de libertades fundamentales como la expresión, la reunión pacífica y la opinión colectiva, contraviniendo marcos normativos internacionales.